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Un periodista arrestado por la legislatura

En 1975 la legislatura santafesina se sintió agraviada por la publicación de un cable noticioso. Haciendo uso de las atribuciones constitucionales, decidió arrestar al periodista autor de la información. El principal promotor de la detención fue el entonces diputado Domingo Pochettino. La noticia había salpicado a su compañero Jorge Obeid. La actuación del gremio periodístico santafesino.

El domingo 5 de octubre de 1975 Montoneros lleva adelante una audaz y sangrienta acción en Formosa, con implicancias en la provincia y que motivará el famoso decreto 2.772 de aniquilamiento del “accionar de los elementos
subversivos en todo el país”. El intento de copar el Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa dejó varios muertos santafesinos. A esto siguió el secuestro del Boeing “Ciudad de Trelew” que aterrizó en campos de Susana y una seguidilla de allanamientos en varios lugares de la provincia. “En los medios policiales se da significativa importancia a una reunión realizada en esta ciudad por supuestos dirigentes de la organización declarada ilegal en segundo término, la que se habría llevado a cabo el sábado”, consignó Nuevo Diario.

Este último detalle fue publicado por la a
gencia Noticias Argentinas, señalando además que el encuentro se había realizado en el domicilio de un legislador provincial justicialista y daba a entender que del mismo había participado el ex dirigente de las Juventudes Regionales Peronistas Jorge Obeid. Frente a esta versión, que Obeid desmintió enérgicamente, la Cámara de Diputados de la provincia, en su sesión del 9 de octubre, escuchó la propuesta del legislador Domingo Pochettino. Comenzó diciendo que no había un solo diputado de ningún bloque que hubiese sido cómplice ni de los hechos de Formosa ni de ningún otro provocado por la guerrilla. Agregó: “La información es manifiestamente injuriosa, tiende a confundir a la opinión pública, y al desprestigio del Poder Legislativo, lesionando, en definitiva, el régimen republicano y democrático de gobierno, y en consecuencia se ha violado el privilegio parlamentario de este Cuerpo”.

Pochettino pidió preferencia para la sesión del día siguiente y giró la cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, pero antes de finalizar quiso “hacer notar” que estaba en conocimiento del nombre del corresponsal de Noticias Argentinas, José Héctor Galarza, “por lo cual dejo señalado ante el Cuerpo el nombre del presunto culpable de la violación de los fueros de este Cuerpo”. La situación fue calificada como “sumamente grave”, por ello solicitó a la cámara que resolviera que Galarza estuviera impedido de ausentarse de la ciudad hasta ser interrogado por la comisión pertinente, de lo cual debía notificarse inmediatamente a la policía. La moción fue aprobada por unanimidad.

La situación estaba prevista en el artículo 47 de la Constitución de la provincia: “Las Cámaras pueden reprimir con arresto que no exceda de treinta días a toda persona extraña al cuerpo que viole sus privilegios o altere el orden en sus sesiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que aquella hubiere incurrido”.

El 10 de octubre, después de oír a Galarza, la Comisión se expidió. El corresponsal había admitido la remisión a la agencia de la información de que “en el domicilio de un legislador provincial se habría realizado una reunión con elementos subversivos, aunque aclaró que la redacción de la noticia así como su supervisión corresponde a los redactores y al Director de la agencia noticiosa”. La conducta del periodista, determinó la Comisión y avaló la Cámara, “al suministrar una información no fundada en hechos ciertos”, vinculando a un miembro de la Legislatura con la subversión, había violado los fueros de la Cámara lo cual obligaba a resguardar “el prestigio y decoro” del cuerpo y los “privilegios indispensables para su actividad, de los ataques exteriores”. Aconsejó entonces la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General imponer un arresto de cinco días a José Héctor Galarza y continuar con las investigaciones para determinar si había otras personas responsables de la violación de los privilegios parlamentarios. De la votación, que se realizó el 24 de octubre, se retiraron los legisladores de Unión Popular y del Partido Orientación Legalista, así como el peronista ortodoxo Tito Livio Vidal.

Galarza expuso su situación ante la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa de Santa Fe, solicitando su participación “en defensa de mi dignidad periodística y, eventualmente, de mi libertad personal, seriamente amenazada”. Se remite entonces una nota al presidente de la Cámara, diputado Rubén Dunda, la que no fue tomada en cuenta. Señalaba que el periodista estaba amparado por el Estatuto y que había cumplido con su deber profesional. “Admitir una posición contraria sería tanto como desvirtuar la función periodística en su esencia y lo que es peor determinará la conformación de un periodismo servil y complaciente”, se leyó en un comunicado.

En la mañana del 24, Galarza fue notificado y trasladado al cuartel de la Guardia de Infantería Reforzada. A pedido de un grupo de afiliados a la APSF, ese mismo día se realiza una asamblea extraordinaria. Las gestiones de los dirigentes de prensa realizadas desde que se conociera la resolución no habían dado frutos: luego de la votación, tanto las autoridades de la cámara como los legisladores “habían ya abandonado la ciudad, haciéndose imposible toda gestión o entrevista en procura de una solución del problema”. La asamblea resolvió entonces hacer público el repudio del gremio “ante el agravio que implica el hecho de no haberse leído ni considerado” las notas elevadas tanto por la Asociación como por la Fatpren. “Y como represalia gremial por tal actitud, omitir desde la fecha hacer eco informativo o periodístico de todo lo relacionado con la actividad legislativa de la Cámara Joven a cuyos integrantes se los declara personas no gratas para el gremio periodístico santafesino”.

La medida se mantuvo por dos meses. Desde el 1º de diciembre se realizaron varias asambleas en las que se plantearon las ideas de continuar con el bloqueo informativo o suspenderlo, en las que hubo cambio de opiniones “cargadas algunas veces de pasión personal”. Carlos Parodi e Isaac Tissembaum fueron comisionados por la asamblea para entablar conversaciones con los presidentes de bloque. También se solicitó sanciones para quienes en LT 10 y en Canal 13 desacataran la medida con motivo de las fiestas navideñas.

Finalmente, el 26 de diciembre, la asamblea aprobó el levantamiento de las medidas por 10 votos y con la abstención del afiliado Eduardo Burba. Se emitió un comunicado en el que se ratificó la irrevocable decisión de “velar por la libertad de información y el ejercicio sin coacciones de la labor periodística y la persona de los trabajadores de prensa, tanto por parte de los poderes del Estado como de las fuerzas integrantes de la comunidad y de todos los ciudadanos en particular”. Destacó que la resolución adoptada en octubre fue cumplida con “indoblegable disciplina gremial” y que habiendo logrado los objetivos propuestos se ponía fin al diferendo. Pero aclaraba: “Sin desmedro de hacer presente que el levantamiento de la medida se hace desde una perspectiva que considera los intereses generales de la población en cuanto a la necesidad de ser informada y a la obligación periodística de informar”.

Se avecinaba una larga noche. Esta fue la última asamblea de afiliados hasta 1982.

Este texto forma parte del capítulo V del libro “Del apostolado al sindicalismo. Una historia de los gremios de prensa de Santa Fe”, de mi autoría. En venta en la Asociación de Prensa de Santa Fe (Amenábar 2655) y en Lo de Luka Libros (4 de enero 2514).
Sobre el libro
:
Rosario 12
O sea
El Litoral
APSF
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